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martes, 15 de diciembre de 2015

COLUMNA DE OPINIÓN PUBLICADA DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR



OPINIÓN 

La ética judicial en la agenda pública

En un Estado normal, el Poder Judicial como institución es naturalmente silencioso, y sus actores –los jueces– son hombres con un notable compromiso público, por la responsabilidad que ejercen. 

Por Armando S. Andruet (h)*
El tiempo de cambio de gobierno no es en sí mismo una razón para que se produzca una modificación sustancial en las instituciones del Estado. Podrá ser una buena ocasión sólo cuando se advierta que las estructuras del Estado no funcionan como deben hacerlo. Esto es: con total normalidad y previsibilidad.
La realidad muestra que esto no ha sucedido en algunas de sus instituciones y con algunos de sus funcionarios, y es lo que autoriza a reflexionar de manera positiva y creativa sobre el tema.
En dicho mapa institucional, el Poder Judicial ha ocupado –por razones queridas o impuestas por las circunstancias– un amplio espacio en los medios de comunicación y no siempre por aquellas circunstancias que mostraban su fortaleza y entereza sino, por el contrario, por la capacidad manipuladora de los tribunales o por la escandalosa docilidad de los jueces para ser manipulados por otros poderes, sean ellos institucionales o fácticos.
En un Estado normal, el Poder Judicial como institución es naturalmente silencioso, y sus actores –los jueces– son hombres con un notable compromiso público por la responsabilidad que ejercen, además de la formación científica que se supone que tienen.
Sin embargo, no es suficiente. El imaginario colectivo de la sociedad requiere que los jueces –que son, en rigor de verdad, el rostro y la voz de la Justicia– tengan una predisposición diferente para mostrar ejemplaridad no sólo en la vida pública de su función jurisdiccional, sino también en la vida privada con trascendencia pública.
Muchas veces es en dicho ámbito biográfico y social donde se advierten las conductas impropias que cometen los jueces y que laceran la relación de confianza pública con los ciudadanos.
Nada se transforma en un instante. Los procesos implican tránsitos a veces lentos pero constantes, y por ello dichas circunstancias exigen señales claras y firmes.
Núcleo duro
La mayoría de las justicias provinciales y la Justicia federal y la nacional deberán asumir el desafío de colocar en sus respectivas agendas públicas la macrocuestión de la ética judicial como un núcleo duro de análisis y también de realización. Para ello, tendrán que seguir caminos que se han recorrido en muy pocas jurisdicciones de la República, como es, por caso, el Poder Judicial de Córdoba.
Sin bien ese solo aspecto no hará que la Justicia se convierta en una estructura inmaculada ni que sus integrantes sean todos funcionarios probos y decorosos siempre –sería una ficción afirmarlo–, sí permitirá colocar a la ética judicial en la agenda pública de los poderes judiciales. Lo cual significa comenzar a reflexionar sobre ella, posibilitar la ejecución operativa posterior y, por último, abrir el espacio para una ponderación acerca de su atención y cumplimiento desde una suerte deaccountability social vertical.
Sólo la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), en 2013, incorporó en su agenda pública de trabajo a la ética judicial para el año siguiente y así nos consta que lo efectuó.
Luego se ocupó de ella, también, un consorcio de instituciones privadas del tercer sector vinculadas al estudio de las prácticas y del funcionamiento judicial, a saber: Asociación por los Derechos Civiles, Poder Ciudadano, Cippec, Unidos por la Justicia y fundación Directorio Legislativo, bajo un colectivo denominado Coalición para la Independencia Judicial.
Este consorcio elaboró un documento base, entre cuyos puntos se destaca el interés y la importancia de avanzar hacia la concreción de un Código de Ética Judicial.
Hacemos votos y sumamos nuestro esfuerzo y la experiencia del Poder Judicial de la provincia de Córdoba en esta materia. Luego de 11 años de vigencia de nuestro propio código, la lectura que se puede hacer de ciertos cambios en la Argentina nos coloca en la buena senda de profundizar en el camino emprendido, como también de exportar a otros poderes judiciales dichos progresos.
Tenemos por cierto que las estructuras públicas no experimentan mutaciones espontáneas, sino que a veces hay que forzarlas y ser constantes en tal gestión.
Sin embargo, es lo único que a la postre podrá asegurar un resultado diferenciador y con ello cumplir un tránsito que cualquier Poder Judicial debe computar entre sus logros. Esto es, no conformarse sólo con contar con jueces, sino aspirar a tener buenos jueces y de allí emplazarse a un óptimo pleno de sumar mejores jueces.
*Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Academia de Ciencias Médicas de Córdoba
EDICIÓN IMPRESA
El texto original de este artículo fue publicado el 08/12/2015 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.